La jueza penal Lilian Bórquez dio por iniciada la investigación contra F.A.C, imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y coacciones agravadas, acusado de haber pedido dinero a particulares para falsas pericias judiciales y de amenazar gravemente a una de las víctimas.
La audiencia de apertura, realizada el pasado 15 de mayo, estuvo presidida por Bórquez. Por la fiscalía intervino el fiscal general Julio Puentes, mientras que la defensa estuvo a cargo del abogado particular Franco Mellado, quien no presentó objeciones al avance de la causa.
Pedidos de plata por pericias inexistentes
Según la acusación, entre marzo y julio de 2023, C.—auxiliar letrado del Juzgado Laboral N° 2 desde noviembre de 2021— habría solicitado dinero a personas involucradas en expedientes, violando principios básicos de imparcialidad y ética pública.
El fiscal detalló dos episodios concretos:
✅ El 7 de mayo de 2023, le pidió a una persona identificada como A. C. la suma de 78.000 pesos para financiar una supuesta pericia contable, pese a que previamente había intervenido en la causa como abogado patrocinante, sin excusarse.
✅ Entre marzo y junio de ese año, repitió la maniobra con otra persona, R. A. F. S., a quien le exigió 60.000 pesos para una pericia psicológica, también sin cumplir las reglas de inhabilidad.
Amenazas: “Les voy a dar una semana para irse o les tiroteo la casa”
El episodio más grave ocurrió el 25 de julio de 2024, cuando, según la fiscalía, C. llamó desde un número privado al celular de A. C., atendido por la pareja de la víctima, y lanzó amenazas directas y violentas:
“Mirá, les voy a dar una semana para que se vayan de Comodoro porque si no les voy a tirotear la casa… Tu marido es un hijo de puta y lo voy a cagar a tiros”.
Además, se lo acusa de haber ingresado de forma indebida al sistema informático del Juzgado Laboral N° 1 usando el usuario de una oficial superior, violando el deber de objetividad.
La jueza Bórquez resolvió formalizar la apertura de la investigación y garantizó los derechos de defensa del imputado. La causa seguirá su curso bajo la calificación legal propuesta por la fiscalía.
