En el marco de una nueva jornada de protesta, el referente de la Asociación del Personal Jerárquico (APJ), Roberto Astete, se refirió a la crítica situación que atraviesa la obra social, afectada por una deuda de al menos cuatro meses en el pago de las contribuciones patronales, lo que derivó en la suspensión de prestaciones médicas, farmacéuticas y sanatoriales.
La medida de visibilización acompañó a la vocal por los pasivos, Rosa Contreras, quien días atrás intimó formalmente al pago mediante carta documento y este lunes avanzó con una denuncia penal para exigir que se regularicen los aportes adeudados.
Deuda, demoras y consecuencias directas
Astete explicó que la falta de cumplimiento por parte del Estado termina impactando de manera directa en los afiliados:
“Toda esta demora porque los gobiernos no cumplen con sus obligaciones en tiempo y forma repercute en los afiliados, que se quedaron sin farmacia, sin atención médica y con sanatorios y médicos que suspendieron servicios”.
Según detalló, la deuda alcanzaría alrededor de cuatro meses de contribuciones patronales impagas, un monto millonario sobre el cual, hasta el momento, no hubo definiciones oficiales concretas.
“Salvo el gobernador, que dijo en el acto del Día del Petróleo que esta semana se solucionaba, no hubo anuncios formales”, indicó.
“Es un problema de caja y de decisiones políticas”
Para el dirigente del APJ, el conflicto excede a la obra social y responde a un problema estructural:
“El problema de fondo va más allá de la obra social. Es un problema de caja y de decisiones políticas”.
En ese sentido, vinculó la crisis a la caída de las regalías petroleras, la contracción de la industria y a políticas nacionales que, según señaló, no están acompañadas por un plan de desarrollo sostenible:
“Se anuncian medidas como la eliminación de retenciones, pero no se presentan planes serios de inversión, de agregado de valor, de remediación ambiental o de reconversión energética”.
Astete advirtió que la provincia continúa en un esquema extractivo sin planificación a largo plazo, lo que debilita el financiamiento del Estado y, en consecuencia, de sistemas como la obra social.
Municipios, provincia y falta de respuestas
Consultado sobre el rol de los gobiernos locales, Astete aclaró que el municipio de Comodoro Rivadavia estaría al díacon los aportes, aunque remarcó que no ocurre lo mismo en otros municipios ni en el ámbito provincial.
Además, recordó que en enero, tras el incremento del 53% en el aporte personal, solicitaron al intendente que se pronunciara públicamente sobre el tema, algo que finalmente no ocurrió.
Desde el frente gremial, también mantuvieron reuniones con autoridades provinciales, tanto en gestiones anteriores como en la actual, presentando propuestas concretas para la sustentabilidad de la caja, aunque sin obtener respuestas ni devoluciones formales.
Pagos parciales y una crisis que persiste
Si bien desde el gobierno se habría informado que en las próximas horas se realizarían pagos a proveedores para restablecer la cobertura, Astete fue cauto:
“Creo que se va a pagar lo que se pueda, probablemente una parte de la deuda. El problema es que se actúa sobre la urgencia y no sobre las medidas de fondo”.
El dirigente advirtió que, de no saldarse la deuda completa, la situación podría repetirse en el corto plazo, profundizando la incertidumbre entre los afiliados.
Atención a pacientes con tratamientos prolongados
Respecto a los afiliados con enfermedades crónicas o tratamientos sensibles, como pacientes oncológicos, Astete señaló que se resolvieron casos puntuales gracias a gestiones locales:
“Con muy buena voluntad, desde la delegación se habló con farmacias y en situaciones particulares se entregó la medicación, entendiendo que no puede interrumpirse un tratamiento”.
No obstante, remarcó que estas soluciones individuales no reemplazan la necesidad de una respuesta estructural y sostenida.
