El Gobierno de Javier Milei impulsó más de 100 cambios estructurales en el Estado. ¿Qué consecuencias sociales provocaron? Análisis del impacto en salud, trabajo, ciencia, educación y derechos.
La administración de Javier Milei lleva adelante una reestructuración profunda del Estado nacional. Con facultades delegadas por la Ley Bases y decretos ejecutivos, ya se aplicaron más de 100 modificaciones, entre disoluciones, fusiones y nuevas entidades. Este rediseño, que desde el oficialismo se presenta como parte de la “reconstrucción de la Argentina”, genera un impacto social concreto: debilitamiento de políticas públicas, despidos, mayor desigualdad territorial y retrocesos en derechos conquistados.
💥 Ajuste sobre derechos: salud, educación, cultura y diversidad
Entre los organismos desactivados figuran la Agencia Nacional de Discapacidad, el INADI, el Ministerio de Mujeres, el Fondo Nacional de las Artes, programas de salud comunitaria y entes científicos como el CONICET, INTI e INTA.
El efecto inmediato es la reducción de servicios clave para sectores vulnerables: personas con discapacidad, mujeres, pueblos originarios, jóvenes y trabajadores/as de la cultura. También se afectan los canales de promoción de derechos humanos, diversidad, identidad y salud integral.
Impacto laboral: precarización y despidos
Las reformas laborales impulsadas por el oficialismo (con cambios en indemnizaciones y convenios colectivos) se combinan con miles de despidos en organismos públicos. Esto afecta no solo a empleados del Estado, sino también a trabajadores/as tercerizados y prestadores de programas que quedaron desactivados.
En paralelo, la eliminación de estructuras intermedias como delegaciones regionales dificulta el acceso a derechos y trámites en el interior del país, concentrando la burocracia en Buenos Aires.
🧪 Éxodo científico y desfinanciamiento de la innovación
El achicamiento presupuestario de instituciones como el CONICET y la ANPCyT, sumado a la incertidumbre laboral, provocó la salida de investigadores/as al exterior y la paralización de proyectos clave en áreas como biotecnología, salud pública o desarrollo energético.
Esto representa un retroceso estructural en la soberanía científica y el desarrollo de conocimiento local, que impactará a mediano y largo plazo.
Más desigualdad territorial y concentración de recursos
El cierre de entes regionales y la baja de programas federales deteriora la capacidad de respuesta del Estado en provincias y municipios. Sin presencia territorial, las poblaciones más alejadas quedan desprotegidas, profundizando las brechas históricas con los centros urbanos.
Además, la eliminación de fondos específicos (como el FONID en educación) afecta los ingresos de docentes y el funcionamiento de escuelas públicas, sobre todo en zonas rurales.
🔥 Conflicto social y desgaste institucional
La respuesta social no tardó: universidades, gremios, colectivos feministas, científicos y artistas se movilizaron frente a los cierres, recortes y despidos. A eso se suman las masivas protestas del 24 de enero y del 23 de abril, marcando un aumento de la conflictividad social y de la polarización política.
El vaciamiento o cierre de organismos clave también erosiona la confianza en el Estado como garante de derechos, trasladando funciones públicas a actores privados o directamente eliminándolas.
¿Reconstrucción o desmantelamiento?
Los “101 cambios” representan más que una política de eficiencia administrativa: son parte de un nuevo paradigma estatal que redefine el rol del Estado, reduce su presencia territorial, debilita políticas sociales y traslada al mercado la solución de problemas colectivos.
A medida que avanza este proceso, se consolidan modelos de exclusión, concentración y desinversión social. El impacto ya se siente en los territorios, en las aulas, en los centros de salud, en los laboratorios y en los barrios.
