Los diputados provinciales del bloque Arriba Chubut, Gustavo Fita y Vanesa Abril, presentaron en la Honorable Legislatura del Chubut un proyecto de ley que propone declarar la Zona de Emergencia Geológica y el Estado de Emergencia Social, Habitacional, Urbanística y Económica en la ciudad de Comodoro Rivadavia, por el término de doce meses.
La iniciativa surge a partir del grave evento geológico registrado el pasado 18 de enero en la ladera sur del Cerro Hermitte, donde el desplazamiento de suelos y los desmoronamientos afectaron a distintos sectores residenciales, dejando a numerosas familias en situación de extrema vulnerabilidad.
Alcance de la emergencia
El proyecto establece que la declaración de emergencia permitirá al Estado provincial intervenir de manera inmediata en materia de asistencia social, reconstrucción de infraestructura habitacional y sanitaria, y reubicación definitiva de las familias damnificadas. También contempla la restauración de las actividades económicas afectadas en el área impactada.
De acuerdo a los fundamentos, informes técnicos preliminares advierten que la composición del suelo y la inestabilidad estructural del sector tornan inviable cualquier intento de reconstrucción, por lo que se avanza en la declaración de inhabitabilidad permanente de la zona afectada.
Plan de relocalización y zona de exclusión
La iniciativa impulsa la implementación de un Plan de Relocalización, que obliga al Poder Ejecutivo a garantizar soluciones habitacionales definitivas en un plazo máximo de 24 meses, respetando la equivalencia en metros cuadrados y condiciones de calidad de las viviendas perdidas.
Asimismo, se establece una Zona de Exclusión permanente, prohibiendo nuevos permisos de construcción y conexiones de servicios, con el objetivo de prevenir futuros asentamientos y mitigar riesgos geológicos.
Fondo especial y medidas económicas
El proyecto prevé la creación de un Fondo Fiduciario de Pasivos Ambientales y Obras de Infraestructura, destinado a financiar las acciones derivadas de la emergencia. Además, se contemplan medidas de alivio económico, como líneas de crédito con tasas bonificadas, suspensión de procedimientos de cobro y asistencia financiera a trabajadores, comerciantes y emprendedores afectados.
Seguimiento y control legislativo
Finalmente, se incorpora un esquema de informes trimestrales obligatorios por parte del Poder Ejecutivo ante la Legislatura, con el fin de garantizar el seguimiento del plan de relocalización, la ejecución de los recursos y el cumplimiento de los plazos establecidos.
