Tras un enero atravesado por incendios y pérdidas habitacionales, el bloque Arriba Chubut presentó en la Legislatura provincial un proyecto de declaración de emergencia para Comodoro Rivadavia con el objetivo de ordenar la asistencia a las familias afectadas.
La iniciativa plantea la realización de un censo único que determine la situación real de cada hogar y la creación de un fideicomiso con recursos provenientes de la reversión del área Restinga Alí y de la reconversión de Cerro Dragón, fondos que —según advierten— hoy no tienen un destino específico.
“Desde el legislativo podemos aportar herramientas para que los ejecutivos tomen decisiones. No hemos visto al Gobierno provincial lo suficientemente presente y creemos que tiene instrumentos para acompañar esta emergencia”, señalaron desde el bloque impulsor.
Uno de los ejes centrales es la falta de certezas sobre los 6.000 millones de pesos anunciados para la ciudad. “Los vecinos todavía no saben cómo llegará esa ayuda. Por eso pedimos trazabilidad y control de los recursos, para que no ocurra lo mismo que con los fondos de incendios anteriores”, indicaron.
El proyecto también solicita que el Banco del Chubut otorgue líneas crediticias con tasas bonificadas, aunque remarcan que primero es necesario un relevamiento unificado entre Municipio y Provincia.
En cuanto a la situación territorial, la propuesta incluye un plan de relocalización y la definición de zonas de exclusión en sectores de riesgo geológico. “La relocalización impacta en la vida escolar, laboral y familiar. Debe haber un trabajo social serio y previsión de loteos con servicios”, explicaron.
Las realidades son diversas: familias que siguen pagando créditos de viviendas hoy inhabitables, jubilados sin posibilidades de reconstruir y vecinos sin ingresos formales que quedarían fuera de cualquier financiamiento.
Desde Arriba Chubut también reclamaron una sesión extraordinaria: “La emergencia no puede esperar hasta marzo. Llama la atención que no se haya convocado cuando Comodoro y la cordillera atraviesan situaciones críticas”.
Finalmente, cuestionaron la respuesta nacional: “Hubo informes que ni siquiera mencionan a las personas afectadas. Detrás de los números hay vidas y eso debe ser el centro de cualquier política”.
