Alejandra Soto e Ignacio Rivero manifestaron su disconformidad con la medida dictada por el Ejecutivo provincial y denunciaron que el incremento salarial “es insuficiente y extorsivo”.
Representantes de ATECh Regional Sur, Alejandra Soto e Ignacio Rivero, se refirieron a la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno provincial y al aumento salarial por decreto, al que calificaron como insuficiente. La reunión del Consejo Directivo se llevó adelante durante la tarde, cerca de las 17 horas, con el objetivo de definir los pasos a seguir ante el conflicto docente.
Según explicaron, el Consejo Directivo —integrado por seis regionales y la Junta Ejecutiva— resolvió por mayoría acatar la conciliación obligatoria. Sin embargo, desde la Regional Sur manifestaron su desacuerdo con la decisión, sosteniendo que históricamente el sindicato no ha aceptado este tipo de medidas al considerar que el Gobierno “no puede ser juez y parte” en el conflicto.
En ese sentido, remarcaron que la conciliación obligatoria debería ser dictada por un organismo externo e independiente, y no por el propio Ejecutivo. “Es quien forma parte del problema y debería estar resolviéndolo”, indicaron, al tiempo que señalaron la necesidad de garantizar una negociación real y transparente.
A pesar de la medida, desde la regional decidieron acompañar el reclamo de los docentes y convocar a una asamblea unificada en la plaza, con el objetivo de visibilizar la situación. En ese marco, este jueves se manifestaron en la Plaza Roca, frente a la Escuela N° 83, donde se concentraron docentes y trabajadores de la educación. La convocatoria se desarrolló entre las 10 y las 15 horas, en un contexto donde muchos trabajadores expresaron su intención de continuar con las protestas.
En relación al aumento por decreto, criticaron que el mismo establece incrementos que consideran insuficientes, incluyendo una suba del 1,2% al básico y modificaciones en el adicional por zona. Además, cuestionaron la continuidad del presentismo, al que calificaron como “extorsivo”, ya que penaliza licencias por enfermedad o capacitación. También señalaron que el salario garantizado de $800.000 no alcanza a cubrir las necesidades básicas y denunciaron que, mientras tanto, los gobiernos destinan importantes recursos a publicidad en lugar de mejorar los ingresos de los trabajadores.
