Con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, el Senado de la Nación Argentina sancionó la norma que modifica aspectos centrales del régimen laboral. El Gobierno celebra la modernización, mientras sindicatos advierten sobre pérdida de derechos.
El viernes 27 de febrero de 2026 quedará marcado como un día clave para el mercado laboral en Argentina. Tras una extensa sesión, el Senado convirtió en ley la reforma que introduce cambios estructurales en la regulación del trabajo, con una votación de 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones.
El eje central de la normativa apunta a modificar la negociación colectiva y el sistema de contratación. A partir de ahora, los convenios por empresa tendrán mayor peso que los acuerdos sectoriales, marcando una tendencia hacia la descentralización laboral. Para el Gobierno, esto permitirá adaptar las condiciones a cada actividad; para los gremios, implica una pérdida histórica de poder de negociación.
Entre los cambios que impactarán en la vida cotidiana se destacan el banco de horas —que habilita jornadas de hasta 12 horas con compensación— y la posibilidad de fraccionar las vacaciones en períodos mínimos de siete días. También se legaliza el pago de salarios en moneda extranjera y se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de aportes empresariales destinado a financiar futuras indemnizaciones por despido.
La reforma elimina la llamada “ultraactividad”, por lo que, si un convenio colectivo vence sin renovación, solo continuarán vigentes las condiciones básicas. Además, redefine el vínculo con las plataformas digitales, cuyos trabajadores pasan a ser considerados prestadores independientes con cobertura de seguro por accidentes, sin relación de dependencia formal.
En materia de conflictos laborales, la ley amplía el listado de servicios esenciales, obligando a garantizar hasta un 75% de prestación durante huelgas, y tipifica los bloqueos como faltas muy graves. También se elimina la responsabilidad solidaria en casos de tercerización y se confirma el traspaso de la Justicia Laboral al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de agilizar los procesos judiciales.
