Desde el organismo local cuestionaron el enfoque punitivo del proyecto que ya tiene media sanción en Diputados y alertaron sobre el impacto en adolescentes. Señalan que el delito juvenil representa un porcentaje mínimo y apuntan a la responsabilidad del Estado.
En el marco del avance legislativo que busca bajar la edad de imputabilidad a 14 años en Argentina, la titular de la Oficina de Derechos y Garantías de Comodoro Rivadavia, Natalia Castro, expresó preocupación por el enfoque del proyecto y advirtió que la medida podría profundizar situaciones de vulnerabilidad en niños, niñas y adolescentes.
“Sabemos que es necesario debatir las situaciones de violencia o criminalidad que se presentan, pero también sabemos que las cifras de adolescencias que cometen estos hechos son mínimas. Pensar en una reforma que criminalice la vulnerabilidad de las adolescencias es, en algún punto, sentenciar el proyecto de vida de ese adolescente”, sostuvo.
Un debate atravesado por el contexto social y económico
Castro contextualizó la discusión en el escenario socioeconómico actual y planteó que las niñeces son uno de los sectores más afectados. Desde la Oficina de Derechos y Garantías, explicó, el posicionamiento institucional apunta a abrir el debate, pero con una mirada integral.
“Es necesario debatir, pero antes de criminalizar hay que fortalecer los presupuestos en políticas públicas que tienen que ver con prevenir, con una salud integral y una atención temprana. Hoy tenemos un sistema totalmente desbordado donde muchas situaciones no están siendo contenidas”, afirmó.
En ese sentido, remarcó la necesidad de fortalecer el sistema educativo, los mecanismos de detección temprana y las redes de acompañamiento familiar, especialmente ante situaciones de ausentismo escolar o problemáticas de salud mental.
Consumo problemático y salud mental: una preocupación creciente
Uno de los puntos más críticos señalados por la funcionaria es el avance del consumo problemático a edades cada vez más tempranas, una situación que también impacta en Comodoro Rivadavia.
“Tenemos una problemática muy puntual que es el consumo problemático, y cada vez la edad es más temprana. Estamos hablando de consumos que empiezan a partir de los 8 años o incluso antes. Lo que necesitamos son políticas públicas que puedan abordar y acompañar estas problemáticas”, advirtió.
Castro vinculó estas situaciones con la necesidad de fortalecer políticas de cuidado, prevención y acompañamiento, en lugar de avanzar con respuestas exclusivamente punitivas.
“El sistema punitivo erosiona las trayectorias de cuidado”
Desde la Oficina de Derechos y Garantías también cuestionaron el impacto que podría tener la reforma en el futuro de los adolescentes alcanzados por el sistema penal juvenil.
“Este proyecto plantea una profundización de la estigmatización de las adolescencias. El sistema carcelario no va a reinsertarlos y el sistema punitivo erosiona las trayectorias de cuidado”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que el enfoque debería estar puesto en la restitución de derechos y en la construcción de oportunidades.
“Debe haber mecanismos que generen una restitución real, para que ese adolescente no llegue a los 17 años con un odio social por las oportunidades que no se le dieron, sino con un acompañamiento preventivo”, explicó.
Críticas al debilitamiento de políticas de cuidado
Castro también cuestionó el contexto nacional en materia de políticas públicas dirigidas a niñez y adolescencia y señaló que se han debilitado herramientas fundamentales.
“Las políticas de cuidado se han desfinanciado desde todos los puntos de vista. Hablamos de discapacidad, asignaciones y distintos programas que tenían que ver con el cuidado de estas niñeces y adolescencias”, indicó.
Y agregó que la discusión sobre la baja de imputabilidad “es superficial si no se aborda el problema de fondo”.
“El debate es mucho más complejo que meter a un adolescente preso. Estamos hablando de todo lo que no se está haciendo y que termina sentenciando a adolescentes a edades más tempranas”, afirmó.
“Hay que responsabilizar, pero no criminalizar”
Finalmente, la titular de la Oficina de Derechos y Garantías planteó que la discusión debe centrarse en la responsabilidad del Estado y de la sociedad adulta.
“Hay que responsabilizar, pero no criminalizar a las adolescencias. Y para responsabilizar a los adolescentes, primero tenemos que hacernos cargo los adultos”, concluyó.
El proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y aguarda su tratamiento en el Senado. Mientras tanto, el debate continúa generando posicionamientos en distintos organismos vinculados a la protección de derechos, que advierten sobre el impacto social y estructural de una eventual modificación en la edad de imputabilidad.
