El Decreto 383/2025 reorganiza la Policía Federal y amplía sus facultades. El abogado Roberto Llaiquel y organizaciones de derechos humanos advierten por riesgos a la privacidad, la libertad de expresión y el control judicial.
El Gobierno reformó por decreto la Policía Federal y crecen las voces de preocupación por posibles abusos
Con el Decreto 383/2025, el Gobierno nacional dispuso una profunda transformación de la Policía Federal Argentina (PFA), orientada —según la versión oficial— a profesionalizar y modernizar su actuación en delitos federales complejos. Sin embargo, tanto organismos de derechos humanos como juristas independientes alertan sobre los riesgos que trae esta medida para las garantías constitucionales.
Un nuevo paradigma de seguridad: más poder, menos control
La reforma deroga la ley de la PFA vigente desde 1958 y redefine la misión de la fuerza: se reemplaza el eje en la protección de los derechos de las personas por una lógica centrada en la seguridad del Estado. Se habilita la detención de personas sin orden judicial por averiguación de identidad, se permite el ciberpatrullaje preventivo sin orden judicial, y se otorgan facultades discrecionales a las fuerzas en manifestaciones y controles vehiculares.
Declaraciones del abogado Roberto Llaiquel
En diálogo con La Pesada Herencia, el abogado Roberto Llaiquel, integrante de la Cátedra de Derechos Humanos y fundador del Grupo por los Derechos del Niño, sostuvo que la reforma marca un giro ideológico e institucional preocupante:
“Se traslada el foco de la seguridad ciudadana a la protección de la seguridad nacional. Esto replica lógicas doctrinarias de los golpes cívico-militares, donde el enemigo estaba dentro de la ciudadanía”, advirtió.
Llaiquel remarcó que esta nueva doctrina abre la puerta a detenciones y requisas arbitrarias, incluso durante manifestaciones o controles cotidianos:
“Ya se está viendo que la Policía Federal actúa sin control judicial requisando colectivos, revisando redes sociales y deteniendo personas sin orden. Todo esto, ahora, legitimado por decreto”.
Además, recordó el antecedente del caso Walter Bulacio, que motivó un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Argentina, en el que se exigía la derogación de prácticas policiales sin orden judicial ni control externo:
“El caso Bulacio fue un llamado de atención internacional. Este decreto, en lugar de corregir, va en sentido contrario: institucionaliza lo que antes se hacía de forma irregular”, explicó.
Riesgos legales y constitucionales
Llaiquel detalló que la reforma entra en colisión directa con garantías fundamentales previstas en la Constitución Nacional y tratados internacionales suscriptos por Argentina.
Entre los derechos vulnerados menciona:
- Libertad personal e integridad física (art. 18 CN)
- Derecho a la intimidad y privacidad de datos (Ley de Protección de Datos Personales)
- Libertad de expresión y protesta social (Art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica)
“Esta reforma ataca también el derecho a la protesta, que es la cara visible de la libertad de expresión. Se construye una doctrina penal basada en el autor —en el sospechoso— y no en los hechos. Se castiga por cómo uno se ve, piensa o se expresa”, afirmó el abogado.
Herramientas legales para frenar el decreto
Consultado sobre posibles recursos legales, Llaiquel sostuvo que existen mecanismos como el habeas corpus y el habeas data para proteger los derechos individuales, además de la posibilidad de que jueces realicen un control de constitucionalidad y convencionalidad sobre el decreto.
“Los jueces tienen la obligación de intervenir si ven que una norma es incompatible con la Constitución. No pueden quedar inertes ante una medida que amplía el poder policial sin límites”, subrayó.
¿Hacia un estado de excepción encubierto?
En sus declaraciones, Llaiquel no dudó en calificar esta política como la antesala de un estado de excepción encubierto:
“Ya no es solo que la policía actúe sin orden judicial. Ahora lo puede hacer con respaldo legal. Esto es sumamente grave. Vamos camino a un modelo de represión preventiva, bajo el paraguas de la seguridad nacional”.
El abogado advirtió que, de no haber correcciones institucionales, este escenario podría derivar en nuevos reclamos ante organismos internacionales, tal como ocurrió en el pasado con casos de violencia institucional.
Mientras el Gobierno defiende el decreto como parte de su estrategia para combatir el crimen organizado, diversas voces del ámbito jurídico y de derechos humanos advierten que el costo puede ser demasiado alto: una sociedad vigilada, con derechos restringidos y garantías debilitadas.
La tensión entre seguridad y libertad vuelve a ponerse en el centro del debate público. Y todo indica que esta discusión recién empieza.
