A una década del primer grito colectivo de “Ni Una Menos”, miles de personas volvieron a ocupar las calles este 3 de junio de 2025 para recordar a Chiara Páez, exigir justicia por las mujeres que ya no están y visibilizar el retroceso en políticas públicas de género bajo la actual gestión de Javier Milei.
El femicidio de Chiara en 2015 marcó un antes y un después en el movimiento feminista argentino. Desde entonces, el país ha avanzado en legislación y políticas públicas —como la incorporación del femicidio al Código Penal— pero también ha sido testigo de una violencia de género que no cede: hoy, en Argentina ocurre un femicidio cada 30 horas.
Sin embargo, el panorama actual preocupa profundamente a los colectivos feministas. En mayo, el gobierno nacional eliminó por decreto 13 programas clave que formaban parte del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, tildándolos de “programas ideológicos”. Entre ellos, se encuentran el Registro Nacional de Promotoras Territoriales, el Programa Menstruar, el programa Igualar para promover la equidad laboral, y “Macachas y Remedios”, destinado a la formación en género.
Lejos de tratarse de ajustes administrativos, la eliminación de estos programas profundiza lo que desde el movimiento llaman “vaciamiento estatal en áreas sensibles”. “Hoy todo eso peligra”, advierten, señalando que no basta con recuperar estos programas, sino que urge transformarlos en ley para garantizar su continuidad.
A esto se suma la eliminación de la moratoria previsional, lo que deja sin posibilidad de jubilarse a muchas mujeres que dedicaron su vida a las tareas de cuidado no remuneradas. “Nos matan lentamente cuando nos quitan el acceso a la salud, a los medicamentos, a un sueldo digno”, afirman las manifestantes.
La denuncia no solo apunta al gobierno nacional. En Chubut, por ejemplo, el gobernador Ignacio Torres no ha delineado políticas concretas contra la violencia de género. En Comodoro Rivadavia, la Secretaría de Género estuvo acéfala y sin presupuesto. Las casas refugio son escasas y la articulación institucional para acompañar a las víctimas es deficiente.
En el documento leído en las plazas del país, también se expresó preocupación por el debilitamiento del sistema de salud pública, ejemplificado por la situación del Hospital Garrahan, único centro pediátrico capaz de atender casos complejos a nivel nacional, que hoy funciona con salarios depreciados y escasos recursos.
En un contexto de creciente ajuste, represión a jubilades, y criminalización de la protesta, el movimiento feminista convoca a la más amplia unidad. “Necesitamos frenar este avance de las derechas envalentonadas. Exigimos una huelga general convocada por las centrales sindicales para torcerle el brazo al gobierno”, expresaron.
