Las reuniones informativas comenzarán en agosto en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. Habrá transmisión en vivo, participación ciudadana y convocatoria a entidades y especialistas de toda la provincia.
La Legislatura del Chubut iniciará en agosto un proceso participativo para debatir el proyecto del nuevo Código General de los Procesos no penales, una iniciativa impulsada por el Superior Tribunal de Justicia que propone una profunda modernización del sistema judicial provincial. El tratamiento estará a cargo de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, presidida por la diputada María Andrea Aguilera.
El proyecto de ley, identificado con el número 60/26, fue girado por la Presidencia de la Legislatura encabezada por el vicegobernador Gustavo Menna y contempla un total de 588 artículos elaborados por una comisión interpoderes que trabajó durante varios años. La redacción final fue presentada al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Andrés Giacomone, por los camaristas Guillermo Walter, Sergio Lucero y María Marta Nieto.
Desde la Legislatura se informó que las reuniones informativas serán abiertas, con transmisión en vivo a través del canal de YouTube institucional, replicando experiencias similares desarrolladas durante el tratamiento de leyes consideradas trascendentes, como el Código Electoral de Chubut, la normativa contra los ciberdelitos y la ley que prohibió el uso de celulares en cárceles provinciales.
Además, se habilitó un espacio de participación ciudadana en la página oficial de la Legislatura, donde cualquier persona interesada puede acceder al texto completo del proyecto, enviar aportes y solicitar participación en las reuniones informativas. También comenzaron a cursarse invitaciones a entidades profesionales y académicas, entre ellas colegios de abogados, asociaciones de magistrados y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Entre los principales cambios que propone el nuevo Código se destaca la implementación de procesos orales, públicos y por audiencias, con intervención obligatoria de jueces y juezas en cada instancia esencial. También incorpora el uso de nuevas tecnologías para facilitar audiencias virtuales, promueve la celeridad judicial y establece la utilización de un lenguaje claro y comprensible en resoluciones y actuaciones judiciales, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y acceso efectivo a la Justicia para la ciudadanía.
