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Piden que el Fiscal de Estado exhiba el acuerdo entre Provincia y Red Chamber

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Diputados nacionales, provinciales e intendentes presentaron un pedido formal de acceso a la información pública para conocer el contenido del acuerdo celebrado entre el Gobierno del Chubut y Red Chamber Argentina S.A., en el marco del conflicto por la ex Alpesca.

Este lunes, dirigentes políticos de distintos espacios presentaron un pedido formal de acceso a la información pública para que el Fiscal de Estado de la Provincia del Chubut, Andrés Meiszner, entregue copia del acuerdo firmado entre la Provincia y la empresa Red Chamber Argentina S.A., junto con los expedientes, dictámenes y antecedentes administrativos vinculados a esa decisión.

La presentación fue impulsada por los diputados nacionales Juan Pablo Luque y José Glinski, acompañados por legisladores provinciales e intendentes de distintas localidades de Chubut. Según expresaron, el objetivo es garantizar transparencia sobre decisiones estatales vinculadas a bienes estratégicos de la provincia.

En el documento, los firmantes sostienen que la ciudadanía tiene derecho a conocer “qué resolvió el Estado, con qué fundamentos y bajo qué condiciones”, especialmente en torno al conflicto por la ex Alpesca, donde aseguran que existió una “secuencia administrativa y política errática y preocupante”.

Además, cuestionaron el cambio de postura del Gobierno provincial respecto a la empresa Red Chamber y la frustrada adjudicación a Profand. Señalaron que primero se avanzó en la rescisión del vínculo con la firma, luego se promovió la adjudicación y toma de posesión por parte de otra empresa, y finalmente la Provincia volvió a colocar a Red Chamber al frente de la explotación de los bienes.

Los dirigentes advirtieron que esta situación podría generar consecuencias patrimoniales y jurídicas para la Provincia, además de profundizar el impacto social y laboral derivado del conflicto de Alpesca. En ese marco, reclamaron una “respuesta completa, inmediata y formal” por parte de la Fiscalía de Estado, al considerar que “cuando están en juego bienes públicos, la obligación del Estado no es esconder, sino informar”.

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