El cierre de la oficina local de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la falta de funcionamiento de la Superintendencia de Servicios de Salud generan alarma entre instituciones y familias de Comodoro Rivadavia. Desde el Consejo de Discapacidad y referentes locales advierten que las medidas afectan directamente a la población más vulnerable, en un contexto de crecientes recortes en organismos estatales.
Reclamo conjunto
En la última asamblea del Consejo de Discapacidad se analizó la situación y se decidió elevar un pedido formal al Concejo Deliberante y a legisladores nacionales y provinciales. “Es muy preocupante, no solo porque no todas las personas tienen la posibilidad y las herramientas para hacer todo online, sino porque hablamos de trámites esenciales. Quien no escucha, ¿cómo se comunica por teléfono? Quien no ve, ¿cómo avanza con formularios virtuales?”, señalaron.
Impacto en las familias
La falta de atención presencial impide resolver gestiones clave vinculadas con pensiones no contributivas, coberturas médicas y prestaciones básicas. “Con la oficina de ANDIS en Comodoro teníamos articulación directa, podíamos dar respuestas aunque fueran parciales. Hoy solo quedan correos y chats que muchas veces ni se contestan”, explicaron desde las instituciones locales.
La situación se agrava por las distancias geográficas dentro de la ciudad y las dificultades climáticas que enfrentan los vecinos de los barrios más alejados. “Muchas personas con discapacidad necesitan apoyos para trasladarse o para realizar trámites. Hoy se ven obligadas a depender de familiares, vecinos o instituciones, sin garantías de respuestas”, advirtieron.
Auditorías inconclusas y falta de respuestas
Respecto a la auditoría realizada en julio, desde el Consejo confirmaron que no hubo resultados oficiales: “Algunas personas pudieron presentar documentación, otras no, y hasta ahora no hay datos. Todo quedó en standby con la intervención de la Agencia Nacional”.
Reclamo político e institucional
Los referentes recordaron que tanto la oficina de ANDIS como la delegación de la Superintendencia de Salud habían sido abiertas en la gestión anterior tras un convenio con el municipio. “Hoy se avanza en un ensañamiento contra las personas con discapacidad y sus familias. Se trata de recortes que golpean siempre a los más vulnerables”, afirmaron.
Ante esta situación, solicitaron que senadores y diputados nacionales planteen el tema en el Congreso. “Desde el Legislativo nuestras herramientas son limitadas, pero estamos visibilizando lo que ocurre. Queremos que la Nación dé una respuesta urgente”, remarcaron.
Pirotecnia y otro reclamo pendiente
En paralelo, el Consejo de Discapacidad también insistió en la necesidad de revisar la ordenanza municipal que habilitó la venta de pirotecnia lumínica de bajo impacto. “Lo que se escucha excede lo permitido. Son productos no autorizados que afectan directamente a personas con discapacidad sensorial y adultos mayores”, denunciaron.
Pidieron más controles y que el Concejo Deliberante convoque a tratar una revisión completa de la normativa antes de fin de año.
