La empresa Grupo MR S.R.L., adjudicataria del servicio de transporte urbano, difundió un duro comunicado institucional donde aseguró haber cumplido con todos los requisitos exigidos y acusó al Municipio de dilatar el proceso. Además, expresó preocupación por la incertidumbre generada y advirtió sobre posibles reclamos administrativos y judiciales.
La empresa Solbus Comodoro, perteneciente a Grupo MR S.R.L., emitió un comunicado institucional luego de la reciente notificación del Municipio de Comodoro Rivadavia sobre presuntos incumplimientos que impedirían la firma del contrato de concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros. Desde la firma sostuvieron que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo carecen de sustento legal y generan incertidumbre sobre el proceso licitatorio.
Según indicó la empresa, el pasado 18 de mayo representantes de la firma se presentaron para avanzar con la suscripción del contrato, tal como había sido establecido por las autoridades municipales. Además, afirmaron que la situación quedó asentada mediante actas notariales y remarcaron que la documentación presentada acreditó el cumplimiento de las exigencias establecidas en el pliego.
En el comunicado, Grupo MR aseguró que tanto el Asesor Letrado como funcionarios municipales habrían verificado oportunamente el cumplimiento de los requisitos necesarios para avanzar con la firma. Sin embargo, cuestionaron que posteriormente el intendente Othar Macharashvili decidiera no avanzar con el contrato y señalara públicamente que la licitación “se había caído”.
La empresa también hizo referencia a las recientes exposiciones ante el Concejo Deliberante y a declaraciones del secretario de Gobierno, Sergio Bohe, donde se manifestó que la licitación continuaba vigente y que se solicitaría documentación adicional. Frente a ello, Solbus rechazó haber incumplido requisitos esenciales y aseguró que aportará nueva documentación, aunque aclaró que ello no implica reconocimiento de faltas previas.
Finalmente, Grupo MR S.R.L. advirtió que se reserva el derecho de iniciar todas las acciones administrativas y judiciales necesarias para defender su condición de adjudicataria. Además, responsabilizó al Estado municipal por eventuales perjuicios derivados de demoras en la firma del contrato y sostuvo que este escenario podría afectar la confianza de futuros inversores y la transparencia de los procesos licitatorios en la ciudad.
